El advenimiento de la democracia en América Latina hacia fines de los ochenta, el cambio en la normativa internacional sobre pueblos indígenas –adopción, entre otros, del Convenio 169 de la OIT–, señalaron, entre otros fenómenos, una nueva etapa en el proceso de reconocimiento de los pueblos originarios, el cual obligaba a los Estados a sostener con ellos nuevos acuerdos sociales que rescatasen la diversidad de los países. Chile, desde luego, ha sido parte de estas nuevas configuraciones.
El investigador Luis Campos ha sido testigo de cómo este nuevo contexto ha generado un importante esfuerzo organizativo por parte de las comunidades indígenas en Chile, como modo de exigir reivindicaciones y hacer frente al orden económico. “Ha habido cambios en las condiciones de la modernidad, lo que ha implicado reconfigurar procesos que antes eran normales como la discriminación de género o el racismo. Además, el avance más virulento del capitalismo traducido en asuntos como la explotación forestal, minera, agrícola, ha producido mayores fricciones. Esto define los movimientos de reemergencia indígena y su ejercicio de derechos y autorreconocimiento identitario”, explica Campos.
En este proceso de reemergencia, un primer y relevante caso corresponde al de la comunidad afrodescendiente de Arica, quienes hacia 2013 pidieron la generación de un estudio genealógico que aportase datos al proceso de reconocimiento. De allí en adelante, se han desarrollo estudios de caracterización sociocultural, etnoterritorial, que expliquen las condiciones de vida de quienes se autodenominan como afrodescendientes. Las crónicas e investigaciones disponibles indican que la población afro ocupaba antaño las zonas del valle de Azapa, Lluta y Camarones. A raíz de diversos procesos migratorios, terminaron viviendo en condiciones de trabajadores asalariados en la actividad portuaria desde la colonia. Arica era entonces considerada como una ciudad donde vivían negros, lo cual se invisibiliza por el proceso de chilenización de aquel territorio.
Hasta hoy el INE se niega a incorporar en el censo la pregunta por filiación afrodescendientes. Como respuesta, la comunidad afrodescendiente estimada en cerca de ocho mil personas continúa en su proceso de puesta en valor de sus tradiciones. Se han reconocido algunas especificidades productivas, tales como la caña de azúcar, el algodón y el cultivo de hortalizas, que implica una recuperación de elementos identitarios. “Hemos logrado armar una genealogía a través de 600 personas que nos ha permitido construir una gran familia de más de 1.600 individuos. Esto nos ha permitido establecer las condiciones de vínculos que transforman a los afrodescendientes en un grupo distintivo”, acota Campos. El proyecto prosigue en el ámbito de formalizar los datos culturales de la comunidad, con el fin de visibilizarlos ante los agentes externos, parlamentarios y encargados gubernamentales, con el fin de avanzar en los procesos de reconocimiento desde el Estado.