De no ser por la pandemia provocada por el Coronavirus (Covid-19), estaríamos por estos días discutiendo sobre el hecho político más importante desde el retorno a la democracia: el plebiscito que dirimiría entre el rechazo o el apruebo de una nueva constitución y su mecanismo para reemplazarla, en caso de que esa fuera la opción elegida por los ciudadanos.
Tanto en la evolución del estallido social que desembocó en el acuerdo político y posterior legislación para llevar adelante este plebiscito, como en el debate en torno a las reglas para la participación, representación y generación de acuerdos durante el proceso constituyente, la discusión sobre el reconocimiento de los Pueblos Originarios, sus derechos y formas de inclusión en el proceso, ha estado presente de forma notoria, tanto en la uso de banderas y elementos simbólicos de la causa indígena en las manifestaciones, como en los distintos grados de acuerdo que se ha alcanzado en el discurso con respecto de la posibilidad que da esta etapa constituyente para concretar el reconocimiento de estos pueblos proveyendo al Estado de una institucionalidad para promover y garantizar sus derechos.
En atención a estas razones, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) decidió llevar a cabo un estudio de opinión pública sobre Pueblos Originarios y Nueva Constitución con el objetivo conocer y dar cuenta, tanto entre los tomadores de decisiones como entre la opinión pública en general, de los niveles de apoyo a las modalidades de participación de los Pueblos Originarios en el proceso constituyente y la percepción sobre la relación entre el Estado y los Pueblos Originarios, así como la opinión sobre aspectos que una nueva constitución debiera considerar en esta materia. Los resultados de este estudio, el cual fue realizado durante la segunda semana de marzo, fueron publicados el miércoles 22 de abril.
Más allá del amplio apoyo que en este estudio reciben las propuesta de reconocer constitucionalmente a los Pueblos Originarios (97%) y otorgarles cupos reservados tanto en el Congreso como en un eventual organismo a cargo de redactar una nueva constitución (82%), hay otros aspectos interesantes de destacar. En primer lugar, se detectó un alto porcentaje de participantes que se declaran como pertenecientes a Pueblos Indígenas (28%), en una proporción incluso mayor a las observadas en el censo 2017 (12,8%) y la encuesta CASEN del mismo año (9,5%), lo cual puede atribuirse a un creciente apoyo a las demandas indígenas en la población y a la importancia adquirida por los elementos simbólicos de los Pueblos Originarios durante las manifestaciones sociales desde de octubre 2019. Es preciso recordar en este punto el progresivo aumento en la autoidentificación indígena evidenciado en la misma encuesta CASEN, donde el porcentaje de la población que declaró pertenencia pasó del 6,6% al 9,5% del total entre 2006 y 2017. Algo similar ocurrió en el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales (ELRI) del CIIR, que registró que el 23% de quienes no se declaraban como mapuche y el 12% de quienes no declaraban pertenencia a algún pueblo andino en el norte en la medición de 2016, declararon pertenecer respectivamente a esos pueblos en 2018.
Un segundo elemento para destacar entre los resultados del estudio es el amplio apoyo a la enseñanza de la lengua de los Pueblos Indígenas. El 92% de los participantes cree que dicha enseñanza debe estar disponible para todos los niños y niñas del país, y no solamente para aquellos que pertenecen a algún Pueblo Originario. Las preferencias de este grupo solo difieren en el carácter que debiera tener dicha enseñanza: quienes cuentan con mayor nivel educacional prefieren que sea optativa, mientras que quienes tienen un menor nivel educacional se inclinan mayoritariamente por una enseñanza obligatoria.
Finalmente, se observa un reconocimiento transversal al rol del Estado como garante de los derechos de los Pueblos Indígenas. Tanto entre quienes declaran identificación indígena como los que no, existe un alto nivel de acuerdo en que el Estado debe resguardar la integridad social y cultural de los Pueblos Originarios. De igual forma, existen altos niveles de acuerdo en la presencia de los Pueblos Originarios en los aspectos simbólicos e institucionales del Estado. Asimismo, el multiculturalismo se impone como forma de reconocimiento preferida por los encuestados por sobre las formas de reconocimiento basados en la idea de nación, mientras que la opción de que los Pueblos Originarios puedan conformar un Estado independiente de Chile no concita mayores niveles de apoyo ni entre quienes se identifican como pertenecientes a Pueblos Indígenas ni entre quienes no lo hacen.
En resumen, la demanda por reconocimiento y participación no está necesariamente ligada a objetivos separatistas ni a la búsqueda del debilitamiento del Estado, sino todo lo contrario: se reconoce que desde el Estado se deben generar políticas de garantía, promoción y protección de los Pueblos Indígenas.
Más allá de que el Plebiscito del 26 de abril haya sido pospuesto y de los desafíos sanitarios, sociales y económicos que impone la evolución de la pandemia del Coronavirus (Covid-19), el momento constituyente en el que se encuentra el país seguirá su curso. En dicho contexto, es imprescindible incorporar en el debate sobre el reconocimiento y la participación de los Pueblos Originarios en Chile elementos que permitan tener una visión más acuciosa sobre los niveles de apoyo a diferentes dimensiones de su inclusión. El estudio conducido por el CIIR da luces sobre aspectos relacionados con la autoidentificación, lengua y rol del Estado en la promoción de derechos, los cuales cuentan con un alto potencial de acuerdo y responden de buena forma al momento histórico por el que atraviesa Chile.
Descargar:
Estudio de Opinión Pública: Pueblos Originarios y Nueva Constitución