Hacia mediados de los cincuenta, el emplazamiento de la gran minería del cobre en la Región de Antofagasta, a través de los yacimientos de Chuquicamata y Radomiro Tomic, comienza a generar importantes modificaciones medioambientales en la zona alta del río Loa, hacia el interior de Calama, impactando en la vida de las comunidades atacameñas que poblaban la zona. Hacia la década de los ochenta, con la modificación del Código de Aguas se abre la puerta a la apropiación de los recursos hídricos por parte de las mineras. Entonces, las comunidades se ven afectadas por la escasez de agua y la contaminación ambiental. Esta es la temática que ha explorado Mayarí Castillo, investigadora adjunta del CIIR y académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Aquellas comunidades tuvieron en algún momento una fuerte actividad agrícola, pero actualmente, a raíz de la crisis hídrica y la contaminación por relave, ha declinado, permaneciendo solo un pastoreo de sobrevivencia. Esto ha generado una gran migración de población a Calama. “Es una dinámica de expulsión del territorio, la gente tuvo que salir y llegan en masa a Calama, se instalan en los bordes de la ciudad, sus hijos van a colegios allí, pero mantienen la propiedad rural. Tiene un impacto muy fuerte, ves un desplazamiento forzado de la población, desintegrando el tejido social”, explica Castillo.
A partir del conflicto que se ha generado con la gran minería, han acontecido procesos de rearticulación identitaria en los que la población se ha organizado en torno a comunidades indígenas legalmente constituidas, porque es la única herramienta de protección y negociación frente a la minería. Hay un impacto cultural evidente: se pierde la agricultura tradicional, las autoridades tradicionales se desplazan hacia las ciudades, donde ellos reconfiguran una nueva forma de ser indígenas.
En medio de este conflicto, el Estado es un actor clave tanto cuando aparece como cuando no. “Se genera un conflicto porque tenemos una ley indígena que reconoce ciertos territorios que fueron concesionados por la minería, demandas de territorios que chocan con los intereses mineros, qué se privilegia es una acción ambigua. Por un lado, propicia la expropiación de los recursos naturales de las zonas indígenas, pero a posteriori les entrega a los pobladores ciertas herramientas para que ellos puedan resistir, aun cuando la ley tiene limitaciones, entre estas que no es retroactiva, lo que implica que los derechos de agua que ya fueron concesionados no pueden ser recuperados a partir de los reclamos”, asevera la investigadora.
Otro punto abordado por la investigación es el modelo de negociación con las comunidades que la minería privada aplica en la zona: este implica distribuir discrecionalmente la oferta entre distintos actores, potenciando a unos sobre otros, dividiendo a la dirigencia y desarticulando el tejido social. “La idea es desincentivar la lógica colectiva, trabajando con una sola organización, sin sentido geográfico, habiendo un uso común de los recursos. En Chiu Chiu, por ejemplo, existe la junta de vecinos, la comunidad atacameña, el centro de madres y la junta de regantes, y la minería entrega recursos separados a cada uno. Generas un conflicto aun en un pueblo con 200 personas”, explica Mayarí Castillo.