Fernando Pairican
Posdoctorante CIIR
“Finalmente, mandarles un saludo a los niños, que no están escuchando:
se funda un nuevo Chile, Plural, Plurilingüe, con todas las culturas,
con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios.
Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución”.
(Elisa Loncon, 4 de julio de 2021)
El estallido social del 18 de octubre de 2019, en la historia del retorno a la democracia del país, marca un punto de inflexión. Los aspectos no resueltos de la transición, como la incorporación de los pueblos originarios como sujetos de derechos, generaron una desafección hacia la democracia. El uso de movilizaciones sociales y tumultos en el escenario por el movimiento feminista, étnico, ecologista y laboral, expresaron el desajuste entre las expectativas de desarrollo y las reformas necesarias para un país más inclusivo.
La crisis de la democracia se vincula con las formas de hacer política. No es exclusivo del cambio de contexto, en palabras Norbert Lechner, “sino también de la política misma”. La desafección hacia la democracia, siguiendo a este autor, no se explica tan solo por una crisis económica o política, sino también por una cuestión de “cultura política”.
Podemos observar que la democracia en Chile no concuerda con las representaciones que se vinieron enquistando en las últimas dos décadas en Chile. Una de esas expresiones fue el movimiento mapuche, en que se formulase una normativa de protección, fomento de su etnicidad y un sendero de la autonomía con el ejercicio de la violencia política como instrumento. Este sendero convivió con una vía política que avanzó en el reconocimiento y apertura de los espacios democráticos para lograr ejercer los derechos internacionales. Uno de ellos fue la búsqueda de crear una normativa de protección y fomento, la Ley 19.253 promulgada en 1993, aunque insuficiente en su forma de comprender los derechos, fue puesta en crisis con la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco en 1997. Vinieron después los debates en torno al Convenio 169 de la OIT, luego de que los episodios de violencia política a manos de sectores del movimiento mapuche lograsen apurar los procesos de negociación con el Estado. Uno de ellos fueron la “Verdad Histórica” y “El Nuevo Trato”. Posterior a llevar al reconocimiento a través de los Escaños Reservados para las primeras naciones, la elección de Elisa Loncon para presidir la Convención Constitucional es un avance en la reconstrucción de un sentido de la democracia, en palabras de Lechner: la democracia es “un movimiento histórico cuyo sentido ha de actualizarse siempre de nuevo, cada época ha de redefinir su significación”.
La Plurinacionalidad es un camino para conciliar la ausencia de derechos de los pueblos originarios. Primero fue el Ecuador y luego Bolivia en los que se ha logrado una mayor expresión. En ambos países, la Plurinacionalidad se complementa con el concepto de Interculturalidad. De esta última decantan dos: interculturalidad funcional y emancipadora. La primera hace alusión al uso de concepciones de los pueblos originarios o reconocimientos más bien simbólicos, que no tienen transformaciones materiales en la ciudadanía indígena. La interculturalidad emancipadora, permite a través de políticas integrales (económicas y políticas) modificar las relaciones de poder.
En Chile, la Plurinacionalidad debe crear sus propios mecanismos. Esta puede avanzar en el reconocimiento de la Autonomía como ejercicio de la Autodeterminación, en palabras de la intelectual mexicana Aracely Burguete Cal y Mayor, ese nuestro “derecho madre”. De ahí decantan el resto de los derechos, como el de Autonomía. Según esta académica, no existe un solo concepto de Autonomía, por ello sostiene que es polisémico y que es mejor hablar de las autonomías. En una reciente conversación señalaba que en el caso de los mapuche, perdimos la Autodeterminación en el instante que se produjo la Ocupación de La Araucanía, la que no reconoció los Parlamentos firmados por los republicanos que heredaron las políticas coloniales de la monarquía bajo los gobiernos conservadores. Solo la resistencia mapuche impidió que no terminase por derrumbarse la libertad del país mapuche. No obstante, en la segunda oleada conquistadora bajo los gobiernos liberales, no fue posible detenerlo, comenzaba la opresión del pueblo mapuche, pero la misma resistencia de los mapuche, entre esos el antepasado directo de Loncon, junto a Kilapan, evitaron que la conquista fuese absoluta, forzando a los gobiernos liberales a pactar la reducción de tierras. Sin embargo los mapuche pierden su autodeterminación.
El siglo XX significó la pérdida gradual de la Autonomía. Primero de las distintas reformas a la propiedad de la tierra: los títulos de merced y de reducción. Sobre esa pérdida material se implementaron reformas a la educación, la cultura y la justicia que fue carcomiéndose la autonomía del pueblo mapuche en las décadas siguientes.
La historia posterior es más o menos conocida. La dictadura militar fomentó una nueva “chilenización”. A los mapuche se les reconoció ser los antepasados de los chilenos, “los araucanos”, pero quienes continuaron en las reducciones fueron obligados a aceptar la división de las reducciones en títulos individuales a partir del Decreto ley 2.569 sobre liquidación de tierras indígenas de 1979, afectando la existencia del tejido social fundante del pueblo mapuche: la comunidad. Así se fueron erosionando los pequeños espacios comunitarios que sobrevivieron a la perdida de la autodeterminación y la comisión radicadora de 1883.
El camino a un nuevo tipo de ciudadanía tiene experiencias hoy en América Latina. En Bolivia, la promulgación de las autonomías para los pueblos originarios han sido complementadas con la creación de un Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. En un diálogo sostenido con el “director de la Lucha Contra el racismo y Todas las formas de discriminación”, Ivar Villarroel Acha, señalaba como necesario promulgar normativas contra el racismo, debido a la alta tasa de violencia sobre la población indígena. Fue uno de los debates de las discusiones en la Asamblea Constituyente del año 2007-2008, donde, según su óptica, el propósito con la nueva institucionalidad ha sido impulsar la “pluralidad y el pluralismo de Estado”.
La interculturalidad es una tarea pendiente en un país cada vez más diverso como Chile. El 12,4% de la población se autoidentificó como un miembro de pueblos originarios en el último Censo de 2017. Si a esto sumamos la migración donde un numero significativo pertenece a pueblos tribales e indígenas, parecen confirmarse las palabras del rector UC Ignacio Sánchez y el académico de la misma universidad Roberto González: “Chile es un país culturalmente diverso y que instala la interculturalidad”.
Con los escaños reservados se instala el derecho a la diferencia, y la presidencia encabezada por lamgen Elisa Loncon representa ello. Ahora el camino es cruzar hacia los ejercicios de los pueblos originarios. Adonde va este nuevo camino: reconocer. Ese primer paso se ha logrado con la presidencia de Loncon muy bien expresado en sus palabras: “Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación”.
El camino de la interculturalidad emancipadora permite revertir la ausencia de los derechos de los pueblos originarios. Reformas integrales permitirán revertir la desigualdad y con ello las fracturas en las comunidades que ensanchan las diferencias y por ende agrietan el edificio que puede concluir en el desmoronamiento de este. Elisa Loncon lo señaló: “tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile a ser parte de este proceso”. Ese nuevo tipo de ciudadanía que parece construirse me hace recordar las palabras de Zadie Smith: “los individuos son intrínsecamente plurales”.
